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Oremos por Nuestros hermanos de Venezuela, están pasando una situacion dificil

La oposición de Venezuela vuelve este sábado a las calles con la promesa de dar su "mayor demostración de fuerza" desde que iniciaron las protestas que exigen elecciones generales para sacar del poder al presidente Nicolás Maduro.

"Vamos a mostrar gente y fuerza (...) porque es una forma de recordarle al gobierno que tras 50 días de resistencia, muertos y presos, somos más y no nos vamos a rendir", dijo la noche del viernes en una asamblea ciudadana Freddy Guevara, vicepresidente del Parlamento de mayoría opositora.

Los adversarios de Maduro confían en que esta nueva marcha en la principal autopista de Caracas supere la del 19 de abril, la más multitudinaria de esta oleada que en siete semanas ha dejado 47 muertos, cientos de heridos y unos 2.200 detenidos.


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Según la ONG Foro Penal, al menos 161 personas han sido encarceladas por orden de tribunales militares.

Los opositores denuncian una "salvaje represión" del gobierno, que a su vez los acusa de apelar al "terrorismo" para asestarle un golpe de Estado con financiación de Estados Unidos.

El líder opositor Henrique Capriles confirmó que uno de sus abogados entregó el viernes un informe sobre la crisis al Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, Zeid Ra'ad Al Hussein, con quien el dirigente no pudo reunirse el jueves en Nueva York porque, aseguró, funcionarios de Migración venezolanos le "anularon" el pasaporte.

En los últimos días se multiplicaron las muertes por heridas de bala en hechos vinculados con las protestas, por lo cual la Fiscalía investiga a varios policías y militares.  Algunos de esos hechos se han presentado en el estado Táchira (oeste, fronterizo con Colombia), hacia donde Maduro ordenó esta semana el envío de 2.600 militares tras disturbios y saqueos.  

Las protestas tomaron combustible con la convocatoria de Maduro a una Asamblea Constituyente "popular", en la cual la mitad de sus integrantes serían elegidos en sectores controlados por el chavismo.  

La fiscal general, Luisa Ortega, confesa chavista pero cada vez más alejada del gobierno, opinó que esa iniciativa agravaría la crisis, según una carta enviada al gobierno y difundida por la prensa local.

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